“La corrupción provoca que decisiones de gobierno no tomen en cuenta las necesidades públicas, atenta contra la democracia”
. Una sola acción, dos efectos devastadores. Impulsada por el interés económico que subyace o deriva de ella, la corrupción determina qué, dónde, cuándo, cómo y para qué debe hacerse una obra de infraestructura, un programa de gobierno o hasta un candidato a algún pusto de elección popular. La sentencia es de Jorge Malem Seña, catedrático del Área de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Cataluña, expuestas en la presentación introductoria al tema “El combate a la corrupción en la consolidación democrática de América Latina” durante la Asamblea Parlamentarios Latinoamericanos contra la Corrupción, realizada ayer en el marco de la IV Conferencia Mundial Anticorrupción.
Destaca: “La corrupción en el Poder Judicial debilita enormemente la protección de los ciudadanos y afecta su percepción de seguridad”. Las sentencias o resoluciones motivadas por actos de corrupción, sobre todo en los juicios de carácter penal, generan de forma directa un aumento de la delincuencia vía la libertad de delincuentes, lo que socava la seguridad pública.
Pero lo que nos parece más importante, es la lección que a tirios y troyanos deja la impunidad como resultado de la corrupción.
La corrupción que subyace a la impunidad, le muestra al delincuente el sendero para continuar por el camino del delito y le permite ir probando nuevas formas de delinquir, aumentar la violencia empleada y la gravedad de los actos. A partir del axioma: “Robé o lesioné, salí o evité la cárcel corrompiendo, ahora soy libre y obtuve beneficio”, el delincuente puede inferir: “Si robo y tengo que matar, mato, al fin que mediante la corrupción siempre puedo librar la cárcel o el castigo, y al final habré obtenido algún beneficio”. Desde ésta idea de la lógica delincuencial proveniente de la impunidad, hay un corto camino al contrabando, el tráfico y venta de drogas, la violación, la pederastia, el homicidio, el feminicidio, etc.
La percepción de impunidad, como consecuencia de la corrupción, genera en la otra parte de la sociedad inseguridad personal y patrimonial, lo que inhibe la competitividad, la eficiencia y la productividad, reduce la necesidad y la capacidad de generar nuevas inversiones y generación de empleos y, en consecuencia, desalienta el mercado interno, lo que contribuye al agravamiento de la pobreza y la desigualdad;
“Todo lo que hagamos para educar es un buen recurso para el futuro contra la corrupción, si mejoramos las instituciones, podemos hacer que mejore el comportamiento de los ciudadanos” Educar y reformar, Jorge Malen nos marca el camino.
Elección racional y factores culturales son algunas de las causas del comportamiento corruptor, ignorancia, negligencia y desprecio por el marco legal son factores que contribuyen a ello. El socavamiento del estado de derecho y la justicia, en base a instituciones anquilosadas no hace necesarios altos niveles de calidad en los empleados del sector gubernamental, fomenta la ineptitud y, finalmente, facilita el acceso o venta de bienes y servicios de y hacia las estructuras de gobierno.
“Parlamentos de América Latina deben legislar para atacar redes de corrupción como si se tratara del crimen organizado” En éste punto vale la pena hacer un alto para preguntarse: ¿la solución está sólo en el contenido de las leyes? En México tenemos una legislación específica para el combate a la corrupción gubernamental, y de ahí a las redes de corrupción, éstas leyes ¿son malas, insuficientes, inacabadas? Nos parece que en nuestro país, al contrario de la opinión de Malen, el problema es mayor en el ámbito de la aplicación de la ley más que en el de la existencia o no de ésta.
“Corrupción no es de uso exclusivo de gobiernos totalitarios o autoritarios, las democracias no han podido superar este flagelo” Jorge Malen toca una fibra fundamental del tema, la corrupción es global, universal, la podemos encontrar en todas partes, aún en las democracias consolidadas.
La democracia no es sinónimo de juego limpio, los regímenes democráticos no están exentos de conductas corruptoras. Atendiendo a las variables de elección racional y factores culturales como causales del comportamiento corruptor en las sociedades, es claro prever que los mismos pueden ser encontrados en cualquier lugar donde coexistimos los seres humanos, negarlo sería tanto como colocarnos en el extremo del optimismo antropológico roussoniano. En contrapartida, y a favor de la democracia, es válido señalar que entre los grupos sociales menos corruptos, encontramos un mayor número de aquellos en los que la democracia vive “verba no acta”. El último informe de Transparencia Internacional sobre el Índice de Percepción de la Corrupción 2010, nos muestra a 16 democracias consolidadas, una democracia en ciernes y tres sistemas de tipo autocrático liderando la lista.
Coincidiendo con Jorge Malem, es acertado establecer que aún allí donde la democracia vive en los hechos y no sólo en las palabras sobrevive el germen de la corrupción, sin embargo, no es menos válido inferir que a mayor desarrollo democrático menor corrupción.
¿Pero dónde se encuentran los caminos del desarrollo democrático y la disminución de la corrupción?, hablamos de desarrollo democrático cuando en un régimen coexisten dos vías democráticas, la política y la social.
La vía del ejercicio político democrático la encontramos cuando una democracia electoral o procedimental, pasa a ser una democracia gubernativa, es decir, cuando en el régimen existen desarrolladas instituciones en las que los principios democráticos universalmente reconocidos se encuentran establecidos no sólo en el método de elección de quien o quienes gobiernan, sino también en el cómo y en él a través de que órganos se gobierna, y esto último incluye por supuesto al Poder Judicial como órgano del Estado.
La vía de una sociedad democrática la encontramos es los valores ciudadanos enraizados en la población. Una sociedad democrática, capacita a sus integrantes en el desarrollo de la ciudadanía y de actitudes de respeto, tolerancia, solidaridad, pluralismo, participación y libertad. Hablamos de hábitos de convivencia democrática, como lo son el ejercicio de la opinión pública y la manifestación de ideas, de asociación, petición y tránsito, entre otros; conocimiento y respeto de los derechos y las libertades fundamentales y de trato mutuo sin discriminaciones de ningún tipo; de superación solución pacífica de conflictos y prevención de violencia; de igualdad entre hombre y mujeres, así como respeto a la diversidad, aceptación de minorías, de culturas diversas e inmigración; etc.
Logrado el desarrollo de reglas, instituciones y valores democráticos en una sociedad, queda poco espacio para el ejercicio de actitudes corruptoras. En un régimen en que coexisten sociedad y gobierno democráticos, la corrupción casi siempre recorre un camino paralelo y no convergente con el régimen.
Finalmente Jorge Malem enfatizó la importancia de la transparencia y su consecuente rendición de cuentas. La disminución del poder invisible de que nos habló Bobbio: “Hay que conocer las RAZONES por las que se realizan los actos, si se ocultan dan pie a la corrupción”
. De la mano con la educación de la sociedad y la transformación de las instituciones, el régimen debe ser lo más trasparente posible, la combinación de los tres factores genera caminos paralelos casi nunca convergentes entre el régimen y la sociedad por un lado, y la corrupción por el otro.
A todo esto, ¿Dónde estamos?
México se encuentra ejerciendo fuerza de palanca para separar los caminos. Tenemos algunos aciertos, leyes, instituciones de trasparencia, poderes públicos independientes, pero también muchos obstáculos, una sociedad muy poco educada en valores que ponen freno a la corrupción y viejos vicios del sistema político que en lugar de inhibir la corrupción la alientan como la impunidad y los arcana imperii.
¿Qué hacer?, Me atrevo a proponer un primer paso: impartamos en todo el sistema de educación, pública y privada, desde básica hasta preescolar, como obligatoria una materia encaminada hacia el aprendizaje de valores democráticos, con el objetivo de formar ciudadanos y no gobernados.
